En la actualidad Venezuela no se queda atrás con respecto al marco regulatorio que rige los Criptoactivos en su Sistema Económico, permitiendo de manera formal y expresamente, a través del Decreto Constituyente, la creación, circulación, uso e intercambio de criptoactivos; por parte de personas naturales y jurídicas, del sector público o privado, residentes o no de Venezuela, incluyendo en particular la criptomoneda denominada Petro, que se encargará de promover, proteger y garantizar el uso de las criptomonedas, como medio de pago en las instituciones públicas y empresas privadas, mixtas o conjuntas.
Ahora bien, es importante resaltar que el Estado Venezolano eleva en el marco constitutivo y en el ejercicio su poder, las bases fundamentales que permiten el uso y todas aquellas operaciones que se produzcan con criptomonedas dentro y fuera del territorio nacional, con el propósito de avanzar en el desarrollo económico y social de la Nación, siendo este el garante de promover y proteger su uso dentro del sistema económico del país.
Considerando que dentro de su ámbito de aplicación atañe al Sistema Tributario gravar sobre toda operación efectuada con criptomonedas, podemos analizar que:
- Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su texto jurídico aún no contempla los parámetros para la fijación de las alícuotas aplicables a cada contribuyente de acuerdo a sus operaciones en criptomonedas.
- Respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISLR) la norma no contempla ningún gravamen sobre las operaciones con criptomonedas, aun cuando exista incremento del capital o dentro de las ganancias generadas durante el ejercicio fiscal.
- El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) aplica una alícuota del 3% aun cuando aún no se establece claramente en el texto jurídico la base imponible sobre la cual será calculada.
Desde mi perspectiva considero que es importante generar gravámenes a aquellas operaciones financieras que sean producto del uso de las criptomonedas, con el fin de garantizar el desarrollo económico del país a través de las normativas que rigen cada materia, para lo cual Venezuela mantiene un gran avance; sin embargo, uno de los fines principales del marco regulatorio es controlar su uso pero también promoverlo:
- Creando confianza en su adopción.
- Incentivando el desarrollo de soluciones a problemas cotidianos apalancados en las nuevas tecnologías (como, por ejemplo: máquinas fiscales u otros mecanismos)
- Impulsar la modernización de las estructuras del estado, la simplificación de trámites y la descentralización de las funciones.
- Inserción de los Criptoactivos al sistema tributario venezolano
- Estableciendo gravámenes encuadrados en la realidad económica del país buscando contrarrestar la hiperinflación.
- Promoviendo la información y educación financiera.
Lo cual consideramos de suma importancia, puesto que, si estamos ante una sociedad desinformada, economía afectada por una inflación muy elevada, inexistencia de mecanismos técnicos de facturación, alícuotas irracionales, sin duda estaremos ante un notorio rechazo que ocasionara el desuso y la evasión flagrante de dichas obligaciones.